Entré en mi cocina y encontré a una niña de 10 años de rodillas, recogiendo macarrones del suelo mientras la administradora amenazaba con echar a su madre. “Tu madre se marcha hoy mismo”, dijo. No discutí: ordené revisar salarios, proveedores y 24 meses de cuentas. Entonces vi en la mano de la niña una insignia con “S.A. 1978”, idéntica a la que mi padre guardaba bajo llave.

—Las llevará un departamento externo.

—¿Los horarios?

—Se registrarán digitalmente.

—¿Las horas extra?

—Cada trabajador podrá consultarlas.

Álvaro sonrió.

—¿Alguna pregunta más?

—Sí. ¿Quién podrá despedir?

—Nadie por sí solo. Habrá un procedimiento.

Elena cruzó los brazos.

—Entonces podemos hablar.

Aceptó semanas después.

No porque debiera nada.

Aceptó porque el nuevo puesto pagaba mejor, tenía horarios compatibles con el cuidado de su salud y le permitía cambiar algunas cosas que ella misma había sufrido.

La primera norma que eliminó fue la prohibición de que el personal se llevara alimentos aprovechables.

Pero no lo dejó simplemente en “que cada uno coja lo que quiera”.

Crearon un sistema.

La comida preparada que pudiera conservarse de forma segura se etiquetaba.

El personal podía utilizarla.

Los excedentes mayores se entregaban mediante una organización local.

Los productos en mal estado se descartaban.

Y las compras empezaron a planificarse mejor.

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