Según los datos publicados sobre su caso, pagaba unos 500 euros mensuales entre el alquiler antiguo y las facturas, y nunca dejó de abonar sus cuotas. No obstante, el cambio de propiedad del piso a una empresa inmobiliaria hace unos años abrió un largo conflicto que terminó con reiterados intentos de desahucio.
El enfrentamiento legal comenzó en 2020, cuando los propietarios le notificaron la necesidad de abandonar el piso, sucediéndose después los procedimientos judiciales, mientras el número de intentos de desahucio llegaba a cuatro antes de ejecutarse el último el 23 de septiembre.
Ese día, Mari Carmen salió de la casa en silla de ruedas y luego fue trasladada en camilla en medio de una fuerte presencia policial y manifestantes que se congregaron frente al edificio, algunos de los cuales coreaban “no estás sola”.
Las imágenes bastaron para cambiar la magnitud del caso.
De un caso individual a una protesta nacional En pocos días, la historia de la jubilada madrileña pasó de ser un expediente individual de desahucio a protestas en las que participaron miles de personas en distintas ciudades españolas, mientras se instalaba un campamento de protesta en la Puerta del Sol de Madrid y la frase “todas somos Mari Carmen” se hacía omnipresente en pancartas y concentraciones exigiendo una mayor protección para los inquilinos.
